La AEPD impone una sanción de 2000 euros a un bar por pedir el número de teléfono a una clienta

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una sanción de 2000 euros a un bar porque uno de sus camareros solicitó el número de teléfono móvil a una de las clientas a la hora de realizar una factura. Fue la propia consumidora la que denunció esta situación al organismo, el cuál resolvió que el simple hecho de pedir un número de teléfono, aunque no se llegue a facilitar, es una infracción de la normativa de privacidad.

La AEPD explicó que se trata de una vulneración del artículo 5.1. del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), afirmando que obtener el número de teléfono de la persona no era necesario para emitir una factura. En concreto, el artículo infringido habla sobre la «minimización de datos» y expone que deben ser «adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados».

El establecimiento achaca la sanción de 2000 euros a un fallo humano

Según se expone en la descripción de los hechos, todo comenzó cuando la clienta pidió que le emitieran una factura a la hora de pagar la consumición. El camarero en ese momento le requirió el número de teléfono alegando que el programa se lo exigía, algo a lo que la usuaria se negó pidiendo una hoja de reclamaciones. Finalmente, el trabajador consiguió emitir la factura sin tener que introducir el dato personal de la clienta.

Tras este tenso encontronazo, la afectada acudió a la Agencia Española de Protección de Datos para poner una reclamación, que finalmente ha derivado en la mencionada sanción de 2000 euros para el establecimiento hostelero.

Desde el bar afirman que realmente el programa informático en el que realizan las facturas pide un número de teléfono de cliente para poder emitirse, pero que nunca lo reclaman poniendo un número genérico. Por ello, achacan todo lo ocurrido a un fallo humano del propio camarero y explican que no responde a una forma habitual de actuar de la empresa.

A pesar de que los dueños del establecimiento han pedido el archivo de la causa, la Agencia no ha atendido sus demandas y han confirmado la sanción, considerándola adecuada y equilibrada a la infracción cometida. La sanción de 2000 euros se rebaja a 1600 euros si se realiza un pronto pago.

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